domingo, 24 de enero de 2016

¿Quién fue el octavo 'Padre' de la Constitución?

No es mi intención cuestionar la valoración que del recientemente fallecido Rubio Llorente hace Soledad Gallego en El País. Es más, me parece necesario reconocer con justicia el papel que este jurista tuvo en el momento constituyente como Secretario General del Congreso y como Magistrado del Tribunal Constitucional, institución de la que llego a ser Vicepresidente -y no pudo ser Presidente ya que se le adelanto mi maestro Cruz Villalón- siendo las sentencias en las que fue ponente y los VPs que emitió en los años 80 fundamentales en posteriores evoluciones de la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, debo poner un ligero “pero” al título y mensaje del artículo al identificarlo como octavo ponente o Padre de la Constitución, ya que, en mi opinión, ese título debería corresponder a otra persona. Me refiero a Enrique Tierno Galván

Así el que fuera catedrático de Derecho político y miembro fundador del Partido Socialista Popular (PSP) -luego absorbido con el PSOE-, diputado constituyente adscrito al Grupo Mixto, y más tarde Alcalde de Madrid (pero no el más "popular" Alcalde, pues ese título corresponde a Álvarez del Manzano), también debió ser ponente de la Constitución, por su preparación intelectual y por ser muy bien visto por casi todas las fuerzas políticas de entonces (tenía una muy buena relación con Fraga), así como su trayectoria opositora interna durante el Franquismo (menos heroica de lo que se suele decir, pero no exenta de ser destacada. como el hecho de ser privado de su cátedra universitaria por apoyar protestas estudiantiles). Lo impidieron devenires del reparto de ponentes entre los grupos parlamentarios (hubo que ceder un puesto a la minorías catalana y vasca) y cuitas internas en el bando socialista (la pugna entre el PSP y PSOE por liderar la socialdemocracia española) y ciertas enemistades personales. 

Aun así, Tierno -al que sus discípulo y amigos referían como "el viejo profesor"- se mantuvo en contacto con la Ponencia y redactó 
[ii] un PREÁMBULO a la Constitución (la ponencia, para no perderse "ad eternum" en preliminares se auto-excluyó de esta tarea), y que fue presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso para su incorporación al Proyecto de la Ponencia que sería debatido en Cortes. 

El texto [iii] propuesto por Tierno decía así:

“El pueblo español, después de un largo periodo sin régimen constitucional, de negación de las libertades públicas y de desconocimiento de los derechos de las nacionalidades y regiones que configuran la unidad de España, proclama, en uso de su soberanía, la voluntad de:
– Garantizar la convivencia democrática, dentro de la Constitución y de las leves, conforme a un orden económico justo.
– Consolidar un Estado de Derecho que asegure la independencia y relaciones entre los poderes del Estado.
– Proteger a todos los ciudadanos y pueblos de España en el ejercicio normal de los derechos humanos de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
– Establecer una sociedad democrática avanzada.
– Colaborar en el establecimiento de unas relaciones pacíficas con todos los pueblos de la tierra.
Por consiguiente, los representantes del pueblo español, ateniéndose al principio de la reconciliación nacional, reunidos en Cortes, aprueban la siguiente Constitución.”.

Las Cortes, tras la búsqueda del consenso que caracterizó el proceso Constituyente, aprobarían el Preámbulo con algunas modificaciones. Así se introdujo la mención de carácter histórico a la “Nación Española” pero sin eliminar del todo la mención al “pueblo español” como proclamador de la Constitución, confirmando la doble configuración de la soberanía, Cortes-Pueblo, ya especificada por el artículo 1 de la Constitución. También se eliminó las menciones expresas al régimen anterior y a la reconciliación nacional, las cuales se daban por supuestas y en ese momento eran peliagudas de explicitar: 

"La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
- Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
- Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
- Establecer una sociedad democrática avanzada, y
- Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución.". 

Señalar que el preámbulo recibió más votos a favor de los diputados constituyentes (268, con 2 en contra y 2 abstenciones) que la Constitución misma en su globalidad (258, con 2 votos en contra y 14 abstenciones). Con el tiempo ha crecido la importancia de los Preámbulos en la interpretación y aplicación de las normas (véase la discusión que se suscitó en torno al correspondiente al Estatuto de Cataluña de 2006), y no menos debería ser en este caso. Que los principios expuestos por este texto se hayan cumplido en mayor o menor medida es ya cuestión a debate (yo soy de los que opinan que lo han sido en mucho, no obstante, es conveniente repasar algunas críticas que se hicieron, incluso por uno de sus propios Padres, y que hoy siguen de actualidad). 

Pero lo que sí me parece indiscutible es que, debido a la magnitud o trascendencia de su aportación, el papel de octavo 'padre' de la Constitución debe ser para Tierno.



[i] Tierno había pertenecido al reducido grupo de socialistas que durante el Franquismo habían hecho una cierta oposición dentro de España, y mantenía posiciones eclécticas y moderadas frente al radicalismo inicial de los socialistas del exterior y del PSOE reconstituido en la Transición. Esta moderación podría atribuirse a la conocida traducción que hizo de la obra de Edmund Burke Reflexiones sobre la Revolución Francesa. cuyo estudio lo alejó de posiciones revolucionarias como fórmula para la transformación o progreso social; además de valorizar el papel de las instituciones tradicionales como fundamento del orden social y político, que lo llevó a defender la Monarquía y el auto-gobierno de las regiones, rente a posiciones republicanas y centralistas de otros socialistas.
[ii] Con la colaboración del también diputado del PSP Raúl Morodo.
[iii] Enmienda num. 452, presentada el 29 de enero de 1978 y firmada por Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo Leoncio (Grupo Parlamentario Mixto).   


domingo, 27 de diciembre de 2015

Montesquieu o por qué el jurista no debe temer ser impopular.

La lectura de "El Espíritu de Las Leyes" hace ya muchos años fue una experiencia muy enriquecedora. No es solo el hecho de que el Charles Louis de Secondat (ese era el verdadero nombre del Barón de Montesquieu, titulo por el que paso a la historia) pergeñase tan monumental obra a mediados del siglo XVIII, donde pueden rastrearse sus principales ideas en cuestiones de ciencia política, derecho publico, civil e internacional, o economía. Tampoco su apelación a la "climatología" (y por tanto a los factores geográficos) como definidor de los sistemas políticos imperantes en cada país, que lo hace uno de los padres de la sociología y la socio-biología, y que como ello definiera los modelos de gobierno existentes como nadie lo había hecho desde los pensadores greco-romanos. Tampoco que expusiera la primera teoría moderna sobre la separación de poderes (que en el autor francés se refiere a la separación entre las funciones del ejecutivo y legislativo -pero no el judicial, que considera incluido en el primero-) o su defensa el bicameralismo como freno a un exceso de poder popular (y que solo he vuelto a encontrar en Hayek). Hay algo más.




Montesquieu fue, en mi opinión, el último pensador del mundo antiguo, un tratadista, en la tradición de los pensadores medievales y renacentistas, y no un ilustrado, aunque se revistiera de racionalismo. No trataba de ordenar el mundo que conoce de acuerdo a parámetros extraídos de la "Razón pura" y sim ningún tipo de conexión con el mundo real. No. Montesquieu era un empirista. Pretendía extraer ideas y conceptos generales a la política y el derecho desde la observación de la realidad (que acertase o no es sus conclusiones es indiferente, es el método utilizado lo que lo diferencia). Esto no podía sino enfrentarle a sus coetáneos y sucesores ilustrados. La Revolución Francesa, sus lideres y pensadores, ignoraron de manera harto incomprensible su obra, él, ¡quien había sido un defensor de los Estado Generales y de la limitación del poder del Rey! Además de haber advertido de las dificultades de establecer una república en un Estados nación de gran tamaño y población (las principales repúblicas actuales -Francia y USA- son en cierto modo más un sucedáneo de monarquía limitada). Para ellos, su pensamiento había quedado obsoleto en menos  de medio siglo, arrollado por la fuera de la Razón, esa de la que Goya decía "genera monstruos".


Pero esta visión del personaje quedaba un tanto coja en mi cabeza, puesto que no acertaba a definir al bueno de Charles dentro de una tradición de pensamiento para poder encajarlo en el mundo moderno. Me resistía a la idea de que tan genial pensador hubiera quedado excluido para siglos posteriores. Es cierto que el mismo bebía de tantas fuentes que apenas acertó a manifestar sus preferencias por un modelo de gobierno que -al igual que Cicerón-, consideraba el más óptimo: el de la Monarquía limitada; y a advertir -como Tocqueville un siglo después- de que el gobierno democrático, si bien preferible a uno despótico o autocrático, no estaba exento de poder vulnerar la libertad de los ciudadanos, pues su espíritu es otro.


Entonces llegó a mis manos un libro, "Contra la corriente: Ensayos sobre historia de las ideas" un recopilatorio de escritos del profesor Isaiah Berlin (el autor de famoso "Dos conceptos de libertad") y que como todo lo leído de este autor me impacto profundamente. En concreto, con respecto al tema que ocupa esta anotación, me refiero al ensayo sobre "Montesquieu" -cuya lectura recomiendo encarecidamente junto al que también dedica a Maquiavelo-, pero del que quiero ahora extraer solo este párrafo:   


 "Esta oposición frente a la imposición de cualquier ortodoxia, sin importar lo que estuviera en juego, sin importar cuan elevada y profundamente venerados pudieran ser los ideales de la ortodoxia distingue a Montesquieu de los teólogos y ateos, de los radicales idealistas así como de los autoritarios de su tiempo. Se inaugura así la lucha dentro del campo de la Ilustración entre demócratas y liberales. Podrán unirse contra el oscurantismo y la represión clerical o secular, pero la alianza será en el mejor de los casos, temporal. El despotismo no es menos despótico porque sea entusiasta y autoinfligido. Los esclavos voluntarios siguen siendo esclavos. Esta nota no se vuelve a escuchar hasta Benjamin Constant y la reacción liberal contra jacobinos y legitimistas por igual. Este es un punto de vista que, como coloca la libertad por encima de la felicidad, la paz, la virtud, siempre es sospechoso, siempre es impopular".[*] 

Para no alargarme, el jurista, si bebe en algo de Montesquieu, tiene que situarse en una tradición de pensamiento que es genuinamente liberal, que es anti-despótica y que desconfía de la ortodoxia tanto como de las aventuras revolucionarias y trasformadoras que se apoyan en ideas abstractas. Es labor del jurista, hoy día, criticar los procederes de los gobiernos democráticos, y de los autodenominados demócratas, y no tener miedo de ser tachado de antidemócrata por hacer esta necesaria función social (parafraseando a Platón: en la "democracia perfecta" no tendrían cabida los poetas... ni los juristas). Si una democracia es preferible a otro tipo de gobierno, debe ser asimismo una democracia limitada, limitada por unos principios generales y unos derechos (que no son racionales, en el sentido de revelados por la razón, sino fruto de una evolución social y empíricamente demostrados como beneficiosos y justos) y que nos son susceptibles de cuestionamiento popular pues de ellos depende la convivencia y estabilidad en un Estado. Sin ese consenso básico, de limitación del poder (no únicamente en el sentido de la separación de sus funciones), toda la labor de la democracia, del gobierno de la mayoría o de la totalidad del "Pueblo", carecerá de legitimidad alguna y será desastroso para sus ciudadanos. 

Esa es la tradición de Montesquieu, y de la que creo ningún jurista debería apartarse demasiado en estos tiempos, aun a riesgo de resultar impopular.


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[*] Isaiah Berlin. "Montesquieu". ensayo incluido en el recopilatorio Contra la Corriente. Ensayos sobre historia de las ideas. Ed. Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión, Madrid 2000. pág. 230.